El catedrático de Derecho, de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, analiza el derecho que asiste a los miembros de la Iglesia para expresar sus opiniones y los límites exigibles

Acabo de leer las declaraciones del abad de Montserrat, Josep María Soler, a un periódico nacional. Al concluir, me ha venido a la memoria una anécdota que se atribuye a Abraham Lincoln. Se trataba de decidir un tema especialmente arduo y complicado. Reunió a su gabinete. Les expuso la cuestión y les rogó que votaran. El resultado no coincidía con su punto de vista. Su reacción fue: «Bueno, son seis a uno contra mí, de modo que considero que mi voto decide el asunto». Algo parecido, si se me permite decirlo con el máximo respeto y afecto, podría aplicarse al mencionado y prestigioso abad.
Con gran seguridad disiente del contenido de «muchos de los documentos» de un amplio círculo de la jerarquía y de sectores de la Conferencia Episcopal, a los que acusa de «que les preocupa ver cómo se les va de la mano el poder que tuvieron». Se erige así en censor del magisterio de una serie de obispos que, según la Constitución Lumen gentium del Vaticano II y por institución divina, «son constituidos Pastores en la Iglesia para que sean maestros de la doctrina». Lo cual, naturalmente, no confiere infalibilidad a su magisterio, salvo -como declara el canon 749 del Código de Derecho Canónico- «cuando dispersos por el mundo... Enseñan de modo auténtico, con el mismo Romano Pontífice, las materias de fe y costumbres, concordando en que una opinión debe sostenerse como definitiva». Sea cual sea el valor que hay que conferir al magisterio de esos obispos, es evidente que tiene el suficiente alcance como para merecer respeto y evitar un discutible proceso a las intenciones que les mueven.

El ejemplo de Benedicto XVI

En mi opinión, el entrevistado se ha dejado involucrar en la visión preferentemente política de la entrevistadora. Al mezclarse así los planos, Josep María Soler ha quedado atrapado por la dialéctica típica de demócratas y anti-demócratas. Precisamente el ejemplo de Benedicto XVI, y antes del cardenal Ratzinger en las entrevistas que ha concedido, es paradigmático. Se sitúa siempre en el plano del espíritu y de la razón, y no en la dinámica de intereses y de ideologías. Es evidente que, desde el comienzo de su pontificado, aletea en sus intervenciones públicas su reticencia intelectual y espiritual ante la dictadura del relativismo. Con un mensaje positivo, propone algo que ha servido y servirá en el futuro para que los cristianos reaccionen ante los agravios que pueda sufrir la Verdad que Cristo ha venido a traer al mundo. Además, su sólida antropología cristiana ha contribuido a hacer reflexionar a intelectuales no cristianos acerca del peligro que también ellos corren de caer en dogmatismos cuando intentan imponer sus ideas.
Desde luego, el Derecho de la Iglesia reconoce a los fieles -por extensión del atribuido a los que se dedican al estudio de las ciencias sagradas- el derecho de manifestar «prudentemente su opinión sobre todo aquello en lo que son peritos» (canon 218) . Pero ese derecho está limitado por dos principios generales. El primero, no erosionar el magisterio de los legítimos Pastores, en cuanto sería contrario «al deber de comunión eclesiástica y a la recta comprensión de la constitución jerárquica del pueblo de Dios» (encíclica Veritatis splendor, 113). El segundo, actuar prudentemente, lo que quiere decir evitar lanzar opiniones discutibles que puedan ser causa de confusión o perplejidad entre los fieles. Como el propio Juan Pablo II observa, el disenso frente a la enseñanza magisterial, según sus diversas formas de expresión y grados de obligatoriedad, «a base de contestaciones calculadas y de polémicas a través de los medios de comunicación social, no se puede reconocer como legítima expresión de la libertad cristiana ni de la diversidad de los dones del Espíritu Santo». Sobre todo cuando el que lo manifiesta es alguien que tiene especial peso en determinados ambientes eclesiásticos.
Para los que seguimos de cerca los avatares de las relaciones Iglesia-Estado, es patente la delicadeza de la acción de la Conferencia Episcopal Española en los 30 años últimos de vida democrática, recordando los grandes principios del Evangelio y de la propia realidad natural del hombre y del mundo. El cuerpo de documentos emanados constituye un ejemplo de cómo el magisterio de los obispos españoles ha alumbrado la vida de los creyentes, manteniéndose en su plano espiritual y de pensamiento. Es evidente que los análisis son mejorables, pues los problemas se suceden, pero es también evidente el esfuerzo por estar a la altura de su misión.
En 1571, el viejo filósofo japonés Motonari Mori, estando ya en su lecho de muerte, convocó a sus tres hijos. Sacó una flecha de la aljaba y la rompió en su presencia. Luego cogió otras tres flechas, las ató y les pidió que intentaran romper el atado. Ninguno pudo hacerlo. El mensaje de unidad familiar no necesitó de más palabras para ser comprendido. Algo similar puede aplicarse a la unidad en la Iglesia e, incluso, entre aquellos hombres que tienen una común creencia en Dios. Aún recuerdo el efecto que me causó el mensaje de un viejo político demócrata americano sobre la cooperación activa entre los dirigentes y seguidores de las grandes confesiones religiosas. Las pequeñas -y no tan pequeñas- diferencias del sistema que elegimos para adorar a Dios -decía- «tienen relativa importancia frente al agresivo oponente que amenaza la libertad religiosa y la propia idea de trascendencia». Tal vez por ello, Pablo de Tarso, muchos siglos antes, insistía reiteradamente en la unidad a los miembros de las primitivas Iglesias.
Al final de la aludida entrevista, se refiere Josep María Soler a un determinado documento, no aprobado por la Conferencia Episcopal, que no llegó a publicarse. En su opinión, tal documento hubiera desencadenado una notable polémica. Lo cual, según él, no hubiera sido positivo. La razón es que -son sus palabras- «ya tenemos bastantes polémicas en el interior de la Iglesia». Esperemos que las declaraciones del entrevistado no desencadenen una polémica similar a la que él mismo quería prevenir.

Rafael Navarro-Valls